Catastro, restitución y reparación
A seis meses del anuncio realizado en Villarrica el presidente Boric lanzó la Comisión para la Paz y Entendimiento. Entre sus desafíos un catastro de tierras en conflicto y allanar el camino hacia la paz.
Finalmente el presidente Gabriel Boric dio el vamos al trabajo de la Comisión para la Paz y Entendimiento, instancia que deberá abocarse a realizar un catastro para la restitución de tierras mapuche y así dar una respuesta estatal definitiva a una demanda de creciente conflictividad. Más allá del simbolismo de la fecha elegida para el anuncio —lo hizo el Día de los Pueblos Indígenas, feriado nacional— lo realmente importante pareciera ser la composición de la instancia y el compromiso suscrito por todos los partidos políticos, desde comunistas a republicanos, de respaldar su trabajo y, llegado el momento, podría uno suponer, votar a favor sus recomendaciones legislativas en el Congreso Nacional.
En lo relativo a su composición, consta de ocho miembros pertenecientes a sectores políticamente transversales, entre ellos dos de los principales impulsores del diálogo como vía de abordaje al conflicto en administraciones pasadas: el senador y exintendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla y el exministro de Sebastián Piñera y reconocido líder gremial, Alfredo Moreno. Nadie duda que sobre los hombros de ambos descansará el mayor desafío no declarado de la instancia, esto es, la búsqueda de una salida política al conflicto que desangra la convivencia sureña hace décadas. Desafío no menor considerando que, desde octubre de 2021, Biobio y Araucanía se mantienen bajo estado de excepción constitucional y presencia militar permanente.
“No estamos partiendo de cero”, subrayó Boric en su discurso en La Moneda. Hace bien el mandatario en recordar los esfuerzos anteriores. El suyo, sin ir más lejos, será el cuarto intento del Estado, desde el retorno a la democracia en 1990, por un abordaje político al conflicto en Wallmapu. El principal de ellos fue la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato bajo el gobierno de Ricardo Lagos, de transversal composición étnica y política, y presidida por el expresidente Patricio Aylwin (2001 y 2003). Muchos lo desconocen, pero en sus sendas recomendaciones al Estado se halla el antecedente directo del intento de la actual administración. Lo señala expresamente en su Informe Final, página 572, en lo referido a “Propuestas y Recomendaciones Relativas a la Situación de las Tierras Mapuches”.
“No estamos partiendo de cero”, subrayó el presidente Gabriel Boric en su discurso en La Moneda. Hace bien el mandatario en recordar los esfuerzos anteriores. El suyo, sin ir más lejos, será el cuarto intento del Estado, desde el retorno a la democracia en 1990, por un abordaje político al conflicto territorial en Wallmapu.
Cito textual: “Es opinión de la Comisión que deben generarse mecanismos de reparación y, en lo posible, de restitución de las tierras mapuches cuando, en conformidad a los antecedentes, hubiere mérito para ello. La Comisión adquirió la convicción que las comunidades e individuos indígenas han perdido parte del dominio que, en su hora, les fue reconocido mediante la titulación y que las circunstancias fueron en muchos casos ilegales y no fueron detenidos en su momento por la falta de acceso a la justicia de los afectados y por las barreras culturales que les impedían tutelar sus derechos […] Se trata de situaciones en las que el propio Estado tuvo responsabilidad al no brindar mecanismos de protección de esos títulos”.
Lo cierto es que dicha Comisión fue más allá del mero diagnóstico.
A renglón seguido recomendó al Estado, de manera formal, "constituir una Corporación de Reparación tendiente a dotar al estado de un mecanismo institucional que le permita llevar a cabo una política pública de reparación de las pérdidas de propiedad que se produjeron de manera ilegítima, con fraude al sistema legal y con obvia lesión de la justicia. La Comisión entiende que a los actuales propietarios de esas tierras nada puede serles, personalmente, reprochado y que, por lo mismo, el costo de la reparación no debe recaer en ellos sino en el conjunto de la comunidad nacional", advirtiendo que sería un error seguir postergando en el tiempo una respuesta estatal definitiva a los reclamos de las comunidades mapuche.
"Una reparación mediante mecanismos imparciales, que permitan juzgar esas demandas con sentido histórico, y financiada con cargo a rentas generales, es un mecanismo que la Comisión estima satisface criterios generales de justicia", agrega el Informe Final, subrayando que serían competencias de esta Corporación “hacer el catastro de las reclamaciones de tierras mapuche que se le presenten y determinar, con base en dichas indagaciones, los casos en que procede que el Estado restituya y/o compense, aquellas pérdidas de tierras”. Pero no solo eso. Respecto a los mecanismos de restitución de tierras en manos de particulares, se recomendaba favorecer la conciliación y los acuerdos transaccionales entre los interesados, pero, no habiendo tal acuerdo, “debía procederse a la expropiación de las tierras al ser consideradas de utilidad pública o de interés nacional”.
Que tomen nota de ello los actuales comisionados. No se parte de cero.