Salió humo blanco en la Comisión Mixta que se estableció para resolver la fórmula de escaños reservados indígenas. Es un primer paso hacia la necesaria reparación histórica.
Tras largos y tortuosos meses de debate se aprobó finalmente en la Comisión Mixta del Congreso la participación de representantes indígenas en la futura Convención Constituyente. Según lo acordado la madrugada del viernes entre oficialismo y oposición, se contará con 17 escaños reservados para las primeras naciones, intranumerarios, es decir dentro de los 155 constituyentes que redactarán la nueva Carta Fundamental.
Según se desprende del acuerdo el Pueblo Mapuche tendrá siete escaños reservados, el Pueblo Aymara tendrá dos y los restantes ocho, Rapanui, Quechua, Diaguita, Atacameño, Colla, Kawesqar, Yagán y Chango, tendrán un escaño cada uno. En total equivalen al 11 por ciento de los constituyentes, cifra no tan lejana del 12,8 por ciento que proponían las organizaciones indígenas y también la oposición.
Los Mapuche, que corresponden al 80 por ciento de la población indígena del país, seremos los más subrepresentados, ello para permitir la inclusión de los otros pueblos. De trece escaños posibles, proporcionales a nuestro peso demográfico, se acordaron solo siete, apenas un 40 por ciento del total. Es una generosidad política digna de destacar en nuestros días. Se sustenta en el valor cultural del kelluwün, el apoyo mutuo, la sabia reciprocidad de los ancestros.
También se acordó un escaño para el pueblo afrodescendiente –reconocido en Chile desde 2019 por la ley 21.151– que deberá ser votado en la Cámara y el Senado de manera separada. Fue una polémica exigencia del Gobierno y Chile Vamos, un “nudo” que en las negociaciones finales resultó imposible desatar. Puestas así las cosas los afrodescendientes necesitarán 26 votos en el Senado y el panorama, lamentablemente, no se vislumbra auspicioso.
Los Mapuche, que corresponden al 80 por ciento de la población indígena del país, seremos los más subrepresentados, ello para permitir la inclusión de los restantes nueve pueblos. De trece escaños posibles, proporcionales a nuestro peso demográfico, se acordaron solo siete.
Lo sucedido con ellos bien pudo pasar con el resto de los pueblos originarios. Lo sabemos quienes seguimos la discusión en sus diferentes etapas en el Congreso. No fue fácil llegar al acuerdo del viernes. El racismo, la calculadora política y la pequeñez de algunos diputados y senadores estuvo a punto de hacer fracasar las negociaciones en varias ocasiones. Hasta el más optimista vio naufragar la iniciativa en más de una oportunidad. Me incluyo.
Lo peor de los prejuicios y del racismo heredado de una educación chilena monocultural, blanca y europeizante afloró en varios momentos de los debates. Curioso constatar que la mayoría de las veces lo hizo en boca de políticos con apellidos europeos y descendientes de inmigrantes. Los recién llegados jugando con el destino de los originales habitantes de estas tierras, una cosa en verdad de locos. Colonialismo es su nombre técnico.
“Aquí somos todos chilenos”; “¡Esto atenta contra la igualdad ante la ley!”; “¿Y por qué no también escaños para los pelados y los cojos?”, fueron algunos de los lamentables comentarios que varios tuvimos que escuchar. Uno esperaría que los legisladores, como mínimo, conocieran de leyes. Y también los tratados internacionales en materia indígena. Siendo honestos, varios no tenían la menor idea. Ignorancia y estupidez supina, diría mi abuelo Alberto.
Pero pese a todo, se pudo: habrán constituyentes indígenas.
Es un primer paso hacia la necesaria reparación histórica. Obviamente no es el único camino a transitar por nuestros pueblos. Hay otros, igual de legítimos y necesarios, pero es indudable que participar del proceso constituyente resulta clave. La nueva constitución tendrá efectos directos en nuestra relación con el Estado y en nuestra convivencia con la sociedad chilena por, al menos, los próximos cuarenta años. No es poca cosa.