• Pedro Cayuqueo

Justicia con guante blanco

Como "utensilios" sin gran importancia calificó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, el equipamiento incautado a una célula de extrema derecha en la capital. Claro, no eran mapuche.



La clave fue la patente de una moto. Su seguimiento a través de cámaras de seguridad permitió a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI armar el puzzle y detener, la madrugada del pasado jueves, a los autores de la amenaza contra la fiscal jefa de los delitos de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong.

Los detenidos, seis hombres y dos mujeres, el 6 de octubre pasado acudieron en diferentes vehículos hasta su domicilio en la comuna de Providencia. Allí, mientras unos prestaban seguridad en los alrededores, dos de ellos se acercaron caminando y entregaron a su hijo una carta con amenazas de muerte producto de su labor en el caso del Puente Pío Nono.

“Los corruptos como usted no tienen cabida en nuestra nación y tomaremos las medidas que consideremos necesarias, sean cuales sean. Si usted considera que esta carta constituye una amenaza seria hacia su integridad sicológica y física, está en lo correcto”, decía la carta. Era acompañada, además, con una fotografía del rostro de la fiscal pegada sobre el cuerpo de un cerdo.

Según la investigación de la PDI, el centro de operaciones del grupo estaba en una oficina en el piso 22 de un edificio ubicado en Avenida Apoquindo Nº 6550. Resulta que todos los involucrados eran profesionales del barrio alto, de entre 20 y 50 años, y miembros del grupo de extrema derecha denominado “La Vanguardia”. No sería la única sorpresa para la PDI.

En los allanamientos a sus domicilios se logró incautar armamento de guerra una subametralladora UZI “en condiciones de ser operada”, municiones de alto calibre, pistolas, cascos, chalecos antibalas, equipos de comunicaciones, escudos y afiches con escritos contra el Fiscal Nacional y el pueblo mapuche.

Hablamos de una verdadera célula terrorista o cuando menos de “un grupo organizado que tenían gran equipamiento” como subrayó el director de la PDI, Héctor Espinosa. “Esto no es un hecho aislado ni circunstancial: aquí hay una planificación en un inmueble y estamos investigando si está relacionado con otras amenazas a las autoridades", agregó.

Pero lo realmente sorprendente no es la gravedad del delito investigado, de por sí bastante inusual en Chile, o lo peligroso del hallazgo realizado por la BIPE. Ha sido más bien el guante blanco con que la justicia ha tratado el caso. La primera sorpresa la dio la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en la propia audiencia de formalización de cargos.

De entrada desestimó la prisión preventiva para siete de los ocho imputados. Solo uno de ellos, a quien se incautó la subametralladora y las municiones, quedó tras las rejas mientras el resto solo con firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima. Según la magistrado la prisión resultaba una medida “desproporcionada” para el delito de amenaza.


En los allanamientos se logró incautar armamento de guerra una subametralladora UZI “en condiciones de ser operada”, municiones de alto calibre, pistolas, cascos, chalecos antibalas, equipos de comunicaciones, escudos y afiches con propaganda.

Los abogados de la defensa por supuesto concordaron con ella.

En sus alegatos todos justificaron los hechos señalando que debía entenderse en el “contexto social” del Plebiscito, dado el apoyo de los ocho imputados a la opción Rechazo y la animadversión que sentían por la fiscal. Si bien el “método y el tono” utilizado contra ella “no fue de la mejor manera”, el contexto sería la “efervescencia política” del momento, argumentó uno.

Pero el defensor público fue todavía más lejos. Aseguró que con la entrega de la carta no existía una amenaza ya que la misiva solo “hace comentarios políticos... Hay que reconocer que es una carta sumamente ofensiva a una mujer y una fiscal... [pero] no por decir amenaza la carta constituye una amenaza”. Cerró calificando todo como un simple “hecho estúpido”.

Sorprendente lo sucedido en este caso. Más considerando la distinta vara con que un hecho de similares características es medido cuando los inculpados pertenecen, por ejemplo, al pueblo mapuche. Hagamos al respecto un poco de memoria.

En septiembre del año 2003 los lonkos de Traiguén Pascual Pichún y Aniceto Norín fueron condenados a cinco años de cárcel por “amenaza de carácter terrorista” contra el abogado y dueño del fundo Nancahue, Juan Agustín Figueroa. La prueba principal de los querellantes fue también una carta donde los lonkos hacían saber a Figueroa de su reclamo territorial.

En ese entonces no hubo “contexto” ni “efervescencia política del momento” que los pudiera librar de compartir una celda. Ambos jefes tradicionales mapuche cumplieron sus condenas en la cárcel pública de Traiguén, siendo liberados recién el año 2007.

También en septiembre pero del presente año un grupo de comunidades entregó una carta al Gobierno anunciando posibles ocupaciones de tierras en Victoria. De nada valió el “contexto político” que caracteriza el conflicto en la región: la respuesta de La Moneda fue invocar ipso facto la Ley de Seguridad Interior del Estado, la misma que ha brillado por su ausencia en el caso de la fiscal Chong.

Cierro esta columna con un último dato. En mayo de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington condenó al Estado de Chile por la aplicación discriminatoria de la Ley Antiterrorista contra los lonkos Pascual Pichún, Aniceto Norín y otros seis líderes mapuche de las provincias de Arauco y Malleco.

“Se impusieron penas que supusieron restricciones indebidas y desproporcionadas, utilizando en su fundamentación razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios”, dictaminó la institución, anulando de paso todas las sentencias y ordenando medidas de reparación. Si usted cree que la Corte Interamericana exageró en su fallo, vuelva al inicio y lea de nuevo esta columna.


1,363 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo