Una Comisión de Estado para determinar la demanda de tierras mapuche y proponer mecanismos de restitución. Tal fue el anuncio del Presidente Boric en el cierre de su gira por La Araucanía.
Es, a mi juicio, la medida más potente en lo relativo a buscar soluciones al conflicto de la última década. Me refiero al anuncio del Presidente Gabriel Boric de crear una Comisión que tendrá como misión determinar la demanda de tierras mapuche y proponer mecanismos con plazos para saldar dicha deuda del Estado. Su nombre, Comisión por la Paz y el Entendimiento. “No es para hacer diagnósticos, ya se han hecho suficientes”, precisó el mandatario, tomando distancia de las innumerables mesas de diálogo y comisiones asesoras, unas veinte a la fecha, que no han pasado de ser meras puestas en escena, cuál de todas más improductiva.
Es en su carácter de Comisión de Estado donde radica mi optimismo.
Desde el retorno de la democracia sólo han existido dos de similar naturaleza. En primer lugar, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), creada en 1990, a solo dos meses de recuperada la democracia y compuesta por representantes indígenas y de gobierno. Presidida por el historiador José Bengoa, elaboró el anteproyecto de la Ley Indígena 19.253 y entre sus obras permanentes más significativas figura la creación en 1993 de la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Hasta nuestros días es la principal institución encargada del tema indígena en Chile.
En segundo lugar figura la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, creada por el Presidente Lagos en 2001 con el mandato de efectuar recomendaciones para una nueva política de Estado con los pueblos originarios, ello en momentos en que arreciaba el conflicto en La Araucanía. Presidida por el exmandatario Patricio Aylwin, la integraron representantes indígenas, de gremios empresariales y académicos de renombre. Tras dos años y nueve meses de trabajo presentó un voluminoso Informe donde se reconoce la “deuda histórica” del Estado, junto a una serie de valiosas recomendaciones a los tres poderes del Estado.
Entre estas figuraba el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, participación política en el Congreso Nacional y los gobiernos locales, traspaso de competencias a jefaturas territoriales, reconocimiento de los sistemas de justicia indígena y co-manejo de parques nacionales, entre otras medidas. Si bien gran parte de estas recomendaciones no contaron con viento político a su favor —con la sola excepción del Convenio 169 de la OIT, ratificado el año 2009 durante el primer mandato de la Presidenta Bachelet—, tal escenario adverso podría estar a punto de cambiar.
Sí, porque el reciente anuncio realizado en Villarrica por el Presidente Boric va en perfecta sintonía con otra de las recomendaciones desoídas del año 2003, aquella que aconsejaba “dotar al estado de Chile de un mecanismo institucional de reparación de las pérdidas de tierras que se produjeron de manera ilegítima, con fraude al sistema legal y con obvia lesión de la justicia”.
El reciente anuncio del Presidente Boric va en perfecta sintonía con otra de las recomendaciones desoídas del año 2003, aquella que aconsejaba “dotar al estado de Chile de un mecanismo institucional de reparación de las pérdidas de tierras que se produjeron de manera ilegítima, con fraude al sistema legal y con obvia lesión de la justicia”.
Para ello se proponía la creación de una Corporación de Reparación establecida por ley y con personalidad jurídica de derecho público, que respetando el derecho de dominio de los actuales propietarios, pudiera: 1. hacer el catastro de las reclamaciones de tierras mapuche, 2. determinar los casos en que procede que el Estado restituya y/o compense aquellas usurpaciones. Todo ello se haría además favoreciendo la conciliación y, por tanto, los acuerdos transaccionales entre los interesados, pero en caso de no existir acuerdo era opinión de la Comisión proceder a la expropiación de las tierras en disputa.
Dicha institución debía estar integrada por miembros que garantizaran su imparcialidad, competencia técnica y sentido histórico, y de reconocida probidad como ex ministros de la Corte Suprema, rectores de universidades y representantes mapuche con trayectoria pública, todos designados por el Presidente de la República. Su mandato sería de un plazo no superior a tres años, a fin de resolver con celeridad las reclamaciones de tierras, contribuir a la paz social y disminuir así la inevitable incertidumbre que pesaba (y pesa) sobre el derecho de propiedad y las inversiones en las regiones del Wallmapu.
He aquí, a mi juicio, el antecedente directo de la actual y sabia propuesta del Presidente Boric. La nueva comisión comenzaría a funcionar en marzo del 2023 y tendría plazo hasta el 2025 para entregar sus resultados. La fecha coincide con los 200 años del Tratado de Tapihue (1825), una respetuosa manera de honrar la memoria herida de nuestro pueblo. Cierro con un último comentario. Diecinueve largos años han transcurrido desde que la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato entregó su informe y recomendaciones al Estado. Si bien poco y nada sucedió en aquel entonces hoy la historia podría resultar distinta.