El próximo 7 de mayo se llevará a cabo la elección de los 50 integrantes del Consejo Constitucional, órgano que también contempla escaños reservados indígenas. No es menor lo que está en juego.
Una de las principales conquistas políticas de las últimas décadas en materia de derechos indígenas fue la inclusión de escaños reservados en las elecciones de convencionales de mayo de 2021. Por primera vez en su historia y dejando atrás una larga historia de marginación indígena en la toma de decisiones, la democracia chilena abrió un inédito espacio de participación política efectiva, es decir, un mecanismo que garantizaba representación (escaños) y no solo participación en el proceso eleccionario (cuotas). Hablamos, a juicio de la antropóloga Antonia Rivas, miembro de la actual Comisión de Expertos, de una suerte de "reconocimiento constitucional tácito" de los pueblos indígenas en Chile.
No fue fácil aquel logro. La discusión fue larga, dificultosa y a ratos exasperante en el Congreso Nacional. Es cierto, el tema de los escaños indígenas no se encontraba incluido en el Acuerdo por la Paz de noviembre de 2019, pero tampoco lo estaban la paridad y la participación de independientes, dos medidas que tuvieron rápida y transversal aprobación. No sucedió lo mismo con los escaños indígenas, proyecto que tuvo más de un año de tramitación legislativa. El desconocimiento de la realidad indígena, sumado a mezquinos cálculos electorales estuvieron a punto de hacerlo naufragar. Pese a ello se logró el consenso y el resultado fue un hito histórico: 17 escaños para los 10 pueblos indígenas reconocidos por el Estado.
Pero las cosas, dirán algunos y con justa razón, no terminaron muy bien en la pasada Convención. La participación indígena pasó de protagonista central a chivo expiatorio de todos los males que aquejaron al órgano constituyente, desde su carácter refundacional al maximalismo de algunas propuestas, desde los exabruptos a las ofensas a los símbolos patrios. "Constitución indigenista" le llamaron desde el Rechazo y si bien aquello era una vergonzosa fake news, no lo juzgó así la ciudadanía: el triunfo del Rechazo fue categórico e inapelable. Pero más allá del resultado y de la propia labor de los convencionales indígenas, que el nuevo acuerdo contemple una vez más representación indígena es una oportunidad que no podemos desaprovechar.
Desde esta tribuna pública no puedo si no sumarme al pedido de ambos candidatos. Si usted pertenece a alguno de los 10 pueblos indígenas reconocidos en Chile, exija el próximo 7 de mayo la papeleta verde y vote como indígena, aunque sea para anular a modo de legítima protesta. Nunca más un Chile sin nosotros.
Por cierto que hay voces críticas del nuevo proceso constituyente, uno a la medida de las élites partidistas y la vieja guardia de la política chilena. Hay quienes incluso acusan un “apartheid político", debido a que la nueva fórmula —escaños proporcionales a los votos que obtengan los candidatos— bajaría la representación indígena de un 11% a un 4%. Es verdad, pero es el costo político que han debido pagar nuestros pueblos por el fracaso electoral del Apruebo. Pudo ser peor, que el nuevo acuerdo ni siquiera contemplara la participación indígena tal como sucedió con los independientes. No fue así y de 17 escaños en 2021 pasaremos a 1 o 2 en 2023, requiriéndose para ello un piso mínimo de 190 mil votos indígenas en la elección del próximo domingo.
Son dos los candidatos indígenas que compiten en esta modalidad diferenciada de elección, ambos representantes del pueblo mapuche, por cierto el principal y mayor pueblo indígena de Chile: el abogado Alihuen Antileo y el profesor intercultural Julio Marileo, ambos de destacada trayectoria tanto en lo profesional como en lo relativo a las luchas reivindicativas y territoriales en Wallmapu. Y si bien el escenario al que se enfrentan, por la apatía existente, no pareciera asomar muy auspicioso, a ambos les asiste el convencimiento que ser parte del nuevo proceso constituyente no es otra cosa que ejercer aquel derecho a la participación política conquistado trabajosamente en 2021. Un valeroso acto de responsabilidad política y también de visión a largo plazo.
Reconociendo los aciertos y errores del proceso anterior, y asumiendo con realismo político las deficiencias del actual, ambos han subrayado que la voz de nuestros pueblos no puede autoexcluirse del nuevo pacto constitucional. De allí que su principal llamado en campaña (sí, aquella de los siete segundos en televisión) no sea otro que a invitar a los electores indígenas a votar en la PAPELETA VERDE, única forma de garantizar voz y voto indígena en el futuro Consejo Constitucional. Desde esta tribuna pública no puedo si no sumarme al pedido de ambos. Si usted pertenece a alguno de los 10 pueblos indígenas reconocidos en Chile, exija el próximo 7 de mayo la papeleta verde y vote como indígena, aunque sea para anular a modo de legítima protesta. Nunca más un Chile sin nosotros debiera ser la consigna.