• Pedro Cayuqueo

Huenchullán versus el Estado

El pasado 17 de febrero dirigentes de Temucuicui presentaron ante la justicia la primera demanda civil contra el Estado por la Operación Huracán. La justicia, sin vacilación, debiera fallar a su favor.



El sábado 23 de septiembre de 2017, a las dos de la tarde, Jaime Huenchullán Cayul fue detenido en Ercilla. Se encontraba en las afueras de un pequeño local comercial esperando a su esposa Griselda, a su hijo Mankilef, su sobrina Milen y su hermana Maritza, quienes compraban bebidas y helados para capear el calor de la jornada.

Su detención fue realizada por personas de civil quienes lo rodearon apuntándole con armas de diverso calibre. Nadie explicó al dirigente, quien esperaba a los suyos en un camión, la razón del operativo y menos el por qué de su inminente detención. Temió, fundadamente por su rol de portavoz mapuche, estar siendo víctima de un secuestro extrajudicial.

Así lo creyó hasta que aparececieron los primeros Carabineros uniformados. Estos cortaron todas calles aledañas a su ubicación con carros blindados. Entonces le hablaron de una orden de detención en su contra, proveniente del Juzgado de Garantía de Temuco. En ningún momento se le indicó el delito imputado. Tampoco habría más tarde lectura de sus derechos.

Huenchullán, sorprendido, bajó del camión. De inmediato fue esposado frente a sus familiares y vecinos alertados por la situación. Todos miraban atónitos la escena, inusual en el bucólico poblado. Su esposa intentó grabar varias veces lo sucedido. Cuenta le resultó imposible. Sospecha que algún tipo de tecnología policial bloqueó su celular.


Ese día Jaime y su familia comenzaron a vivir una pesadilla. No solo fue detenido, también se lo exhibió como un peligroso terrorista ante los medios. Pero el delincuente no era Jaime, sino los ex miembros de la unidad de inteligencia policial.

Huenchullán de inmediato fue subido a un vehículo policial donde le exigieron entregara su teléfono y otras pertenencias. Recién allí observó la envergadura del operativo: decenas de efectivos civiles y uniformados, además de vehículos y blindados. Una caravana que llamó la atención de transeúntes y vecinos de Ercilla. También de quienes transitaban por la Ruta 5 Sur.

Esa noche el dirigente terminó en una celda donde efectivos del GOPE, a rostro cubierto y armados, lo insultaron en repetidas oportunidades con epítetos racistas. Esa noche también se enteró, por medio de un funcionario del INDH, que lo acusaban de asociación ilícita terrorista. A él y a otros siete líderes mapuche, todos apresados en el marco de la Operación Huracán.

Ese día Jaime y su familia comenzaron a vivir una pesadilla. No solo fue detenido de manera violenta e intimidatoria frente a sus seres más queridos. También fue exhibido, esposado y custodiado como un peligroso terrorista, ante los medios que se agolparon en Temuco para cubrir la noticia. Todo Chile fue testigo y en horario prime.

Pero -hoy ya sabemos- el delincuente no era Jaime, sino los ex miembros de la unidad de inteligencia policial responsables del operativo.

En días recientes el Ministerio Público solicitó 25 años de cárcel contra dos de los once imputados en el caso; el general en retiro, Gonzalo Blu, ex jefe nacional de Inteligencia de Carabineros, y el mayor en retiro, Patricio Marín. Se les imputan delitos que van desde la asociación ilícita a la falsificación de instrumento público reiterado.

El pasado 17 de febrero dirigentes de Temucuicui presentaron ante la Corte de Apelaciones de Temuco la primera demanda civil contra el Estado por Huracán. Buscan se los indemnice por los daños y perjuicios derivados de aquella grave acusación de terrorismo basada en pruebas falsas. También por el tiempo que permanecieron presos y sometidos al escarnio público.

La justicia chilena, sin vacilación, debiera fallar a favor del peñi Jaime y de todos quienes fueron injustamente detenidos aquella jornada.



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