La crisis en Carabineros de Chile y los últimos episodios en territorio mapuche han abierto el debate sobre la responsabilidad de la clase política en el agravamiento del conflicto. A dos décadas de estallar las protestas en Lumaco, la élite gobernante -de centroizquierda y derecha- sigue sin realizar un necesario mea culpa. Y la ciudadanía sin cobrarles factura.
Nadie duda a estas alturas que Carabineros de Chile vive una crisis de severas proporciones. Actos ilícitos como el megafraude, los montajes de la Operación Huracán, el tráfico de armas a bandas del narcotráfico y el uso de fuerza letal contra civiles desarmados son síntomas de una pobredumbre institucional, orgánica y doctrinaria ya imposible de ocultar. El fallido conato de insubordinación del general Hermes Soto ante La Moneda y la soterrada disputa de poder en el Alto Mando solo nos confirman un cuadro desolador; Carabineros tocó fondo.
Pero la responsabilidad no es solo de la institución. El mismo poder político que hoy rasga vestiduras por el descontrol y la crisis tiene varias velas en este entierro. Por acción u omisión han sido los sucesivos gobiernos tanto de derecha como de centroizquierda quienes allanaron el camino para la actual debacle. Son ellos quienes desde el fin de la dictadura permitieron que la institución se gobernase prácticamente a sí misma, con reglas propias e inmune al control del poder civil. Por desidia, negligencia o temor, la clase política es otra de las responsables.
Este poder civil, “los políticos” como diría mi madre de manera genuinamente despectiva, es el mismo que ha entregado a esta institución enferma el abordaje de un conflicto histórico en Wallmapu que sobre todo requiere más y mejor política.
En este punto resulta casi un chiste cruel que uno de los principales defensores de la autonomía de Carabineros haya sido por largos años el senador Andrés Chadwick, actual ministro del Interior y uno de los principales damnificados políticos en el actual escenario que vivimos. Fue el propio Chadwick quien negoció en 2004 y a regañadientes el “decreto fundado” que el presidente Piñera se vió obligado a enviar al Congreso para remover finalmente al general Hermes Soto. Cría cuervos y te sacarán los ojos, reza el dicho popular.
Pues bien, este poder civil, “los políticos” como diría mi madre de manera genuinamente despectiva, es el mismo que ha entregado a esta institución enferma el abordaje de un conflicto histórico en Wallmapu que sobre todo requiere más y mejor política. Y no más y mejor armamento de guerra o más y mejores comandos entrenados en la jungla. He allí un aspecto clave de la actual crisis en Carabineros y del conflicto latente en las regiones del sur; la responsabilidad de la clase política en nuestro paulatino tránsito hacia al despeñadero.
De ello trata la renuncia que se exige del ministro Andrés Chadwick, máximo responsable de la seguridad pública en el país. Y es que tras el alevoso crimen de Camilo Catrillanca no solo existen responsabilidades penales y de mando en las filas de la policía uniformada. También existe la llamada responsabilidad política, hoy por hoy solo hecha efectiva con la salida del ex intendente Luis Mayol cuyas torpezas fueron más bien las que sellaron su destino. Sobre la responsabilidad de sus jefes en La Moneda todavía silencio de grillos.
Hay quienes proponen refundar Carabineros de Chile, incluso con cambio de nombre como se hizo en 2008 con la vieja Policía de Investigaciones de Chile, la actual y moderna PDI. Polémico pero nada descabellado. Lo que si nadie discute es que un mayor control del poder civil sobre la institución es una medida urgente y necesaria. Ello debiera volver obligatoria la responsabilidad política de los civiles en la cadena de mando. Y es que enviar uniformados al choque y luego desentenderse de las consecuencias no debiera salir a los políticos tan barato.