Si algo expresa el borrador del nuevo texto constitucional es un justo reconocimiento a los pueblos originarios que integran el estado. Es una realidad todavía resistida por algunos.
Es la última fake news que sectores conservadores, contrarios a los derechos de los pueblos indígenas, han hecho circular respecto del borrador de la nueva constitución: que se trataría de una Constitución “indigenista”. Como toda noticia falsa en nada responde a la realidad. Lo aprobado por el pleno de la Convención Constitucional está en perfecta sintonía con aquellos derechos ya garantizados en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y que hace más de una década forma parte de nuestra normativa interna.
Son avances similares a los ya existentes en modernas democracias con las cuales Chile gusta compararse. No, no hablo de Bolivia, Ecuador o Venezuela. Me refiero más bien a Estados Unidos, Canadá, Australia, Noruega y Nueva Zelanda, líderes mundiales en reconocimiento de naciones indígenas, sus derechos colectivos e individuales, la plurinacionalidad e interculturalidad del Estado, el derecho a la libre determinación y al autogobierno, la participación y consulta libre, previa e informada, además de sus propios sistemas de justicia.
No se trata de ningún conejo extraído en la Convención del sombrero de los constituyentes “indigenistas”, como algunos pregonan en matinales y programas políticos de domingo. Plurinacionalidad, interculturalidad y derechos colectivos son todas realidades existentes a nivel global y en el caso de Norteamérica hace más de medio siglo. Es la gran paradoja de la realidad chilena: nuestra élite gusta mirar hacia las potencias solo cuando se trata de cifras macroeconómicas. Ni hablar de sus avances en lo relativo a cultura, identidad y ciudadanía. He allí el verdadero subdesarrollo.
En una reciente y pedagógica columna el abogado José Aylwin subrayaba que en Estados Unidos, donde las tribus gozan de un avanzado estatus de semi-soberanía, no solo existe autogobierno, también un total de cuatrocientos sistemas de justicia tribal (Cortes Tribales) financiados por el Estado Federal. Su jurisdicción —que se complementa con la existencia de cuerpos de policía tribal— en lo penal incluye casos de delitos menores que involucran a indígenas dentro de las reservas y en lo civil casos que involucran a indígenas o no indígenas, también dentro de sus territorios.
No se trata de ningún conejo extraído en la Convención del sombrero de los constituyentes “indigenistas”, como algunos pregonan en matinales y programas políticos de domingo. Plurinacionalidad, interculturalidad y derechos colectivos son todas realidades existentes a nivel global.
Lo propio acontece en la moderna y desarrollada Canadá. Allí la relación entre el Estado Federal y las tribus está mediada por la Asamblea de las Primeras Naciones (Assembly of First Nations, AFN), instancia representativa y consultiva indígena creada en 1982 bajo el gobierno liberal de Pierre Trudeau, padre del actual primer ministro. La AFN surgió de la Hermandad Nacional India Canadiense (Canadian National Indian Brotherhood), institución promotora de los derechos indígenas de gran labor activista durante el siglo XX. Desde entonces la relación en Canadá es de “nación a nación”. ¿No me creen? De muestra tan solo un botón.
El pasado jueves el primer ministro Justin Trudeau firmó un acuerdo histórico con el jefe de la nación Siksika por el arrebato de sus tierras acontecido en 1910. Ubicados al este de la ciudad de Calgary, Canadá les pagará 1.300 millones de dólares canadienses para “corregir un error del pasado”: la violación por parte del estado del llamado Tratado de Blackfoot. “Estamos reunidos para darnos la oportunidad de empezar a reconstruir la confianza entre nosotros, de nación a nación”, expresó Trudeau en la ceremonia a la que llegó acompañado con parte de su gabinete.
El acuerdo de compensación, uno de los mayores firmados en Norteamérica, permitirá que los siksika puedan adquirir hasta 465 kilómetros cuadrados de territorio, la misma cantidad que les fue arrebatada a sus bisabuelos/as por las armas y por las leyes. Ouray Crowfoot, el jefe tribal, aseguró que les proporcionará oportunidades que antes no tenían y que para nada se trataba de un regalo o un privilegio. “Canadá no está dando 1.300 millones de dólares a los siksika, Canadá está corrigiendo un error cometido hace más de siglo cuando ilegalmente tomó nuestras tierras”, subrayó.
Cuando Canadá les quitó sus tierras, que incluían los mejores suelos para la agricultura, lo hizo para traspasarlas a colonos nacionales y extranjeros, calcado a lo sucedido en nuestro Wallmapu / Araucanía hace poco más de cien años con el masivo arribo de italianos, suizos, canarios y franceses. Traiguén, Victoria y Temuco, los pueblos de aquella vieja Frontera del 1900, territorio donde una vida mapuche valía menos que un revólver y donde a veces se mataba solo para que la lluvia no enmoheciera los fusiles. ¿Y si aprendemos algo de Canadá y del sabio actuar de su gobernante?