La larga lucha por las tierras

La consulta sobre un nuevo sistema de tierras mapuche vuelve a poner en el tapete una demanda tan antigua como nuestra memoria: la lucha por las tierras y el territorio usurpado por el Estado.

Tropas chilenas en el sitio de la histórica ciudad de Villa Rica, 1883.

A propósito de mi anterior columna sobre la consulta indígena y un posible nuevo sistema de tierras, un amable lector no indígena me lanzó vía mensaje en mi sitio web las siguientes preguntas: “¿Y por qué el Estado tendría la obligación de comprarles tierras a los mapuche? ¿Por qué a ellos sí y a nosotros los chilenos no?”. Sus interrogantes, realizadas de buena fe, me hicieron reflexionar en lo mucho que nos falta por educar al chileno promedio en un conflicto que reconozcamos no es de fácil comprensión. Y educarlo ya no solo en los temas que nos atañen a los mapuche, también en su propia e ignorada historia nacional.

La demanda mapuche por tierras es de larga data en Chile, se arrastra hace más de un siglo. Por tierra y territorio, habría que precisar, porque no se trata de algo antojadizo o de una mera ocurrencia de dirigentes con demasiado tiempo libre. No, la lucha de los mapuche por las tierras tiene raíces históricas y también políticas pues deriva del resultado de una confrontación bélica. En palabras simples, de una guerra que nuestros ancestros debieron librar en defensa de sus hogares en la segunda mitad del siglo XIX y donde la victoria fue finalmente de las tropas chilenas. ¿No tenía usted la menor idea? Es natural, poco y nada se enseña de ella en las escuelas.

“Pacificación de la Araucanía” se le llamaba hasta hace algunos años, eufemismo curioso considerando que los agresores fueron los que llegaron armados con fusiles y cañones, no precisamente nuestros bisabuelos. Hoy, tímidamente, como pidiendo permiso, algunos textos escolares hablan de “Ocupación militar de la Araucanía”. Se trata sin duda de un avance, pero aún falta mucho. Tal como sucedía en mis ya lejanos años escolares, todavía las nuevas generaciones de chilenos y chilenas aprenden más de Roma, Grecia y Mesopotamia que de la historia del Arauco indómito. Tal es el extravío pedagógico y por lo visto también geográfico de nuestro sistema escolar.

Sí, el despojo de nuestras tierras fue el resultado de una guerra, una que se prolongó varias décadas entre 1860 y 1883, año este último de la refundación de la bella durmiente del imperio español, la histórica ciudad española de Villa Rica. Hablamos de una guerra que el Estado chileno —y el argentino en la banda oriental de Wallmapu— planeó, financió y ejecutó en la segunda mitad del siglo XIX y que significó la confiscación de al menos diez millones de hectáreas entre el río Biobío y Chiloé, cifra que se multiplica por cuatro si ampliamos la mirada al lado trasandino. Leyó bien, ¡diez millones de hectáreas confiscadas a los mapuche en este lado de la cordillera!

La lucha de los mapuche por las tierras tiene raíces históricas y también políticas pues deriva del resultado de una confrontación bélica. En palabras simples, de una guerra que nuestros ancestros debieron librar en defensa de sus hogares en la segunda mitad del siglo XIX y donde la victoria fue finalmente de las tropas chilenas.

Un fértil territorio que el estado confiscó, loteó y remató al mejor postor en subastas capitalinas que eran publicitadas en los principales periódicos. Otro porcentaje lo entregó a colonos que diligentes Agencias de Colonización —estatales y privadas— se encargaban de reclutar en la empobrecida Europa de fines del siglo XIX. Hablamos de suizos, franceses, italianos y alemanes traídos a una región recién incorporada al Estado literalmente a hacerse la América. ¿Qué pasó con los más de cien mil mapuche sobrevivientes de aquella guerra infame? Fueron radicados en medio millón de hectáreas subdivididas en tres mil títulos de merced desparramados entre los ríos Malleco y Toltén. Son las “reducciones” de comienzos del siglo XX, las hoy llamadas “comunidades mapuche” del siglo XXI.

Los títulos de merced eran entregados a un jefe de familia.

El de mi familia paterna, los Cayuqueo de Codihue, es el Nº 177, data del año 1889 y asciende a 108 hectáreas; el de mi familia materna, los Millaqueo de Ragnintuleufu, es el Nº 230, data del año 1894 y asciende a 259 hectáreas. Hoy les llamamos comunidades, pero no siempre fue así. Para muchos lonkos antiguos las reducciones no eran más que la poca tierra en que los huincas nos habían “encerrado como las vacas”. Hubo líderes de renombre, como Francisco Melivilu y Manuel Aburto Panguilef, que las criticaron duramente. Y otros, como el diputado Manuel Manquilef, que incluso abogaron por su desaparición legal. Lo hizo en la década de 1920 cuando logró que el Congreso aprobara la Ley N° 4.169 de División de Comunidades.

Para Manquilef la reducción era sinónimo de pobreza presente y miseria futura pues condenaba a los mapuche a un promedio de dos a tres hectáreas por familia. Puestas así las cosas, el panorama para las futuras generaciones no podía ser más desalentador. "Mientras se nos mantenga con nuestras pequeñas propiedades mal constituidas, nadie pensará en nosotros, sino en degenerarnos para quitárnoslas. Si somos pobres e ignorantes evidentemente tendremos que ser víctimas de chicos y grandes. Mientras haya comunidades habrá un abogado que quiera ser partidor, un ingeniero que quiera ser perito y un tinterillo que quiera ser apoderado", expuso en 1916 en Santiago.

Los colonos europeos recibían en cambio hasta sesenta hectáreas por cada padre de familia y treinta hectáreas extras por cada hijo varón mayor de diez años. Manquilef aspiraba que, terminando con la reducción, los mapuche recibieran lo mismo que colonos extranjeros o bien que los nacionales: cuarenta hectáreas por padre de familia, veinte extras por cada hijo varón. Nunca logró que así fuera y su ley, bastante incomprendida y atacada en su tiempo, pronto pasó al olvido. Pero en su diagnóstico no se equivocó: la desproporción en la entrega de tierras a mapuche y colonos era groseramente escandalosa. No cuesta comprender entonces la prosperidad actual de algunos y la pobreza centenaria de otros.

Hoy en día, producto de la Ley Indígena y las compras del Fondo de Tierras de Conadi, los mapuche poseemos aproximadamente un millón de hectáreas. Aún los huincas nos deben otras nueve millones, diría mi abuelo. Y créanme que con razón.