Una consulta con diagnóstico reservado

Un complejo comienzo ha tenido la consulta indígena impulsada por el Gobierno con el fin de crear un “nuevo sistema" de adquisición de tierras. Las voces críticas suman y siguen.

El 13 de agosto pasado arrancó la consulta indígena impulsada por el Gobierno para implementar una de las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, y la oposición que ha debido enfrentar solo aumenta. En concreto, la consulta —una obligación del Estado contraída al ratificar el Convenio 169 de la OIT— dice relación con “un nuevo sistema de tierras para las comunidades y organizaciones indígenas de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, uno que crearía nuevas instituciones públicas a cargo y que vendría a armonizar la actual Ley Indígena 19.253 con el Convenio N° 169 de la OIT, entre otros propósitos.

Este nuevo sistema, se esgrime, agilizaría la compra de tierras a las comunidades con aplicabilidad —727 a junio de este año y 1.252 a la espera de lograr dicha categoría—, proceso que bajo el actual sistema se calcula tardaría 150 años en completarse. “El proceso actual es muy lento. Conadi compra en promedio quince predios al año, es decir, resuelve el problema a solo quince comunidades. Es cosa de sacar la cuenta cuánto se demoraría el Estado en dar respuesta a las comunidades con aplicabilidad y aquellas que están en espera de obtenerla. Nosotros lo que hicimos en la Comisión fue buscar una fórmula financiera que permita acelerar el proceso a unos quince años”, explica el senador Francisco Huenchumilla, expresidente de dicha instancia.

Desde la vereda opuesta, las razones para rechazar el proceso son diversas. Y si bien algunas escapan a la coyuntura y dan cuenta más bien de un histórico recelo al Estado y sus políticas coloniales, otras sí se refieren al tema en cuestión. Dentro de estas últimas las hay de forma y de fondo.

Se cuestiona, en la forma, que la consulta solo incluya cuatro regiones, aquellas donde la Comisión desarrolló su proceso de diálogos interculturales, marginando de esta forma al grueso de la población mapuche que vive en la zona central y metropolitana. También que se realice bajo un estado de excepción militar que ya supera los tres años y una persecución penal quirúrgica pero constante en el tiempo. En lo que atañe al fondo, se rechaza que busque "modificar" la Ley indígena, además de reducir la reivindicación política mapuche por tierras y territorio —una deuda histórica reconocida por el Estado— a una “operación contable” con fecha de término. Esto último opina Pedro Marimán, exasesor del director nacional de Conadi. Las críticas, como pueden observar, no solo provienen de comunidades; también de encumbrados exfuncionarios de la actual administración.

El tema de las tierras mapuche no es de fácil abordaje y, mucho menos, solución. Allí radica, en lo sustancial, el conflicto latente entre el Estado y el pueblo mapuche hace ya más de un siglo. El Gobierno creo la Comisión para la Paz y el Entendimiento buscando alternativas. Dicha instancia, en su diagnóstico, evidenció entre otros factores del conflicto el colapso del actual sistema de “ventanilla abierta” de la Ley Indígena y la demora estatal en dar respuesta a las comunidades en sus demandas territoriales. Allí, subrayaron los comisionados, un importante y prioritario nudo a desatar.

“El proceso actual es muy lento. Conadi compra en promedio quince predios al año, es decir, resuelve el problema a solo quince comunidades. Es cosa de sacar la cuenta cuánto se demoraría el Estado en dar respuesta a las restantes comunidades”, explica el senador Francisco Huenchumilla, expresidente de la Comisión. Un siglo y medio es la respuesta.

De las recomendaciones entregadas al presidente Boric en materia de tierras, tres están relacionadas con la actual consulta indígena. Estas son la creación de: 1. Una Agencia de Reparación dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, creada por ley, para administrar un nuevo sistema de adquisición de tierras; 2. Un Sistema de Financiamiento consistente en un Fondo Financiero, creado también por ley, de 4 mil millones de dólares para hacer viable lo anterior y; 3. Un Tribunal arbitral como un órgano autónomo, con participación mapuche y competencias para resolver solicitudes y mediar en potenciales conflictos. De ello trata el nuevo sistema de tierras propuesto por la Comisión al primer mandatario y que hoy es materia de consulta en las cuatro regiones del sur. En teoría un paso hacia adelante, solo que uno hacia el precipicio advierten sus detractores. Las desconfianzas cunden.

Sucede que la Comisión, por su composición política transversal, con comisionados de posiciones afines al gobierno y otros de oposición, unos cercanos al mundo mapuche, otros abiertamente distantes, debió satisfacer a moros y cristianos. La inclusión en los diálogos del mundo gremial y empresarial, contrarios a la demanda mapuche, y la exclusión/autoexclusión del mundo radical mapuche solo agregaron más pelos a la sopa. Fue un diseño pensado, me dicen, para dar viabilidad al futuro trámite legislativo de sus recomendaciones. Si dicha apuesta resultó o no acertada en su objetivo no lo sabemos: ningún proyecto de ley ha llegado aun al Congreso Nacional para averiguarlo. Lo que sí sabemos es que debilitó la potencia de la instancia y, en su hora final, restó coherencia tanto al diagnóstico como a varias de sus recomendaciones. Es la opinión de un exasesor de la propia Comisión, el abogado y especialista en derechos indígenas José Aylwin, quien renunció a la instancia en diciembre de 2024.

El panorama no asoma muy auspicioso para la consulta.

Ya otro proceso, impulsado por el exministro Alfredo Moreno y que buscaba modificar el estatus legal de las tierras mapuche, fracasó estrepitosamente debido al boicot de las comunidades y sectores contrarios al gobierno de la época. Fue tal la oposición que ni siquiera logró sortear la fase de entrega de información. Al poco tiempo Moreno fue cambiado al ministerio de Obras Públicas y Sebastián Sichel, su reemplazante en Desarrollo Social, enterró el proceso apenas pudo. ¿Sucederá lo mismo esta vez? Vistas las cosas con perspectiva, un nuevo sistema de adquisición de tierras que reemplace la inoperancia y lentitud de Conadi no pareciera un retroceso o una claudicación política. Tampoco la creación de un fondo de 4 mil millones de dólares, más del doble de lo gastado por el Estado en compra de tierras desde 1994 a la fecha. Corresponderá a las comunidades y sus liderazgos juzgar aquello. ¿Involucran estas medidas un punto final a la demanda de tierras? No necesariamente. Ello dependerá exclusivamente de la dirigencia mapuche, en ningún caso del Estado o de un gobierno de turno. Las luchas de los pueblos jamás se han detenido por decreto.