Al coro de voces que en las últimas semanas han alertado sobre el "terrorismo mapuche" se sumó el antropólogo Pablo Ortúzar. Su mirada requiere ser confrontada.
En una larga columna publicada el pasado martes en La Tercera PM, el antropólogo del IES Pablo Ortúzar volvió a la carga con uno de sus temas favoritos desde el 18 de octubre de 2019: el fenómeno de la violencia asociada a la protesta social en Chile. Esta vez sus dardos apuntaron al conflicto en las regiones del sur y al llamado “terrorismo mapuche”. Así lo bautizó el propio Ortúzar. Terrorismo etnonacionalista mapuche, para ser más exacto.
Ya en días previos otra columna suya publicada en La Tercera, titulada precisamente “terrorismo mapuche”, había levantado feroz polvareda en las redes sociales. Al paso le salió el ex embajador de Chile en Guatemala, Domingo Namuncura, político y destacado académico mapuche quien no dudó en calificar su análisis de confuso y destemplado. Mucho más duros fueron sus detractores en Twitter. Racista y discriminador, de lo más suave que pude leer en su contra.
Yo no acusaré a Ortúzar de racista, me consta no lo es. Diré más bien que lo suyo es ignorancia sobre las dinámicas del conflicto que enfrenta al pueblo mapuche con el Estado chileno. Para nada minimizo sus dichos, me siguen pareciendo graves. Es asertividad en el análisis y no verborrea gratuita lo esperable de un intelectual público. Ortúzar, en esta ocasión, adolece de lo primero y es extremadamente generoso con lo segundo.
Su análisis parte de un error conceptual de proporciones.
Ortúzar llama “terrorismo mapuche” al variado repertorio de delitos contra la propiedad y el orden público que acontecen en la zona sur. Hablamos de delitos comunes propios de la radicalización de un conflicto que gobiernos de diverso signo han librado a su suerte. Entre estos figuran quema de camiones, ocupaciones de predios, enfrentamientos con la fuerza pública, asaltos y homicidios entre otros, varios de dudosa autoría.
Pues bien, ningún tribunal, desde 1997 a la fecha —año de la primera quema de camiones en Lumaco— ha concordado con la tipificación de Ortúzar, ni siquiera en el caso Luchsinger-Mackay. Existiendo decenas, tal vez cientos de querellas por terrorismo, las condenas equivalen a cero. Y en las pocas causas donde la acusación sí prosperó —casos Ralco, Lonkos y Poluco Pidenco— la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encargó más tarde de anular las sentencias. ¿Por qué se insiste entonces en hablar de terrorismo?
En todo conflicto una de las primeras víctimas es la verdad. Le sigue, muy de cerca, el sentido común. De ello no escapa la compleja situación que vivimos en Wallmapu hace décadas. La quema por parte de encapuchados de un bus del Transantiago en la Alameda, por ejemplo, no es considerado terrorismo, es incendio, delito tipificado en el Código Penal. Pero el mismo bus incendiado en la Ruta 5 Sur, a la altura de Ercilla, adquiere automáticamente connotación terrorista. ¿Por qué sucede esto?
Lo que existe —a nivel de persecución penal— es la aplicación arbitraria y discriminatoria de la Ley Antiterrorista contra ciudadanos mapuche. Ello ha implicado abuso policial, uso en juicio de “testigos sin rostro”, largas prisiones preventivas equivalentes a condenas anticipadas y un carnaval de vulneraciones al debido proceso. No lo digo yo, aclaro. Fue la conclusión de los jueces de la Corte Interamericana en los emblemáticos casos judiciales arriba mencionados. Dicho en simple, racismo penal.
El terrorismo, para quienes no lo saben, es un método de combate. Se caracteriza por ser clandestino, indiscriminado y por ser población civil su blanco predilecto. De allí que bombas, secuestros y crímenes a gran escala sean su habitual y macabra carta de presentación. Persigue, enseña la doctrina, forzar decisiones políticas via el amedrentamiento colectivo. Pues bien, ninguno de estos presupuestos —propios de conflictos en Medio Oriente y otras latitudes— se dan en Wallmapu.
El terrorismo, para quienes no lo saben, es un método de combate. Se caracteriza por ser clandestino, indiscriminado y por ser población civil su blanco predilecto. De allí que bombas, secuestros y crímenes a gran escala sean su habitual y macabra carta de presentación.
Tampoco lo digo yo. Fue la conclusión a la que arribó el propio relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Contraterrorismo, Ben Emmerson. Tras visitar Chile en 2013 y entrevistarse con autoridades de gobierno, comunidades y víctimas de la violencia rural, su diagnóstico fue tajante: "Chile actualmente no enfrenta una amenaza terrorista en su territorio", estimó en su informe, recomendando al Estado adoptar una estrategia de diálogo político para evitar una escalada en los "disturbios".
No solo eso. En sintonía con el posterior fallo de la Corte Interamericana, también llamó al gobierno chileno a abstenerse de aplicar la Ley Antiterrorista en las regiones del sur por cuanto “se ha aplicado de modo confuso y arbitrario, lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y ha sido factor de estigmatización y de deslegitimación de los reclamos territoriales y la protesta social mapuche”.
¿Y el temor de los dueños de fundo a ser víctimas de ataques? ¿No es acaso el temor una de las características del terrorismo? Por supuesto, pero el temor por sí solo no basta. Yo siento el fundado temor de ser víctima de una “encerrona” cada vez que conduzco mi vehículo por las calles de Santiago. Ello no vuelve a la encerrona —o al cada vez más habitual y violento “portonazo” capitalino— un delito de carácter terrorista.
Pero Ortúzar va todavía más lejos en su columna. También acusa a quienes niegan la existencia del “terrorismo mapuche” de inmorales y de ser ideológicamente de izquierda. Ni los columnistas de Libertad y Desarrollo se atrevieron a tanto en su minuto, hay que decirlo.
En lo personal Ortúzar me acusa de “traficar ambigüedades” y manipular a la opinión pública con mis apreciaciones. Ni lo uno ni lo otro: ni traficante ni manipulador de masas, aclaro. Mi posición está meridianamente clara en nueve libros sobre el tema publicados a la fecha, todos disponibles en librerías comerciales, bibliotecas públicas, plataformas como Amazon e incluso en la humilde cuneta callejera. También en mis recurrentes apariciones en los medios de comunicación. Es cosa de saber googlear.
"¿Cuál es el nombre correcto de lo que tenemos, en este caso, al frente?", se pregunta Ortúzar en su columna.
Simple, Pablo. Lo que tenemos al frente es un conflicto político, histórico y cultural no resuelto y donde la política se ha retirado de manera negligente dando paso a la violencia. Esta violencia es patronal, es estatal y también es mapuche. Negar esto último sería absurdo: hay líderes mapuche que la reivindican de manera pública en los medios. Hasta libros se han publicado sobre ella. A los interesados e interesadas recomiendo “Malón” del historiador Fernando Pairicán. Allí sus orígenes, motivaciones y alcances.
El pueblo mapuche, en su amplio y variado repertorio de formas de protesta, no ha incorporado nunca el terrorismo como método de combate. Insistir con esa monserga —como lo hacen APRA y otros grupos de extrema derecha ansiosos de una segunda “Pacificación”— no solo resulta inexacto, también de una brutal deshonestidad intelectual. Quienes intervienen en el debate público deben/debemos aprender a cultivar la sabiduría y la prudencia. También la ética intelectual. Vaya mi consejo para Ortúzar.