En la cultura mapuche el poder se reparte, no se concentra. Es una estructura político-social que maravilló a los cronistas antiguos y que pretendo defender en la Convención.
Esta semana se dio inicio de manera oficial a las campañas electorales de cara a la próxima Convención Constitucional. No es poco lo que se juegan los pueblos originarios, y también la sociedad chilena, en esta histórica instancia. Quisiera compartir con ustedes algunas de las ideas que pretendo defender allí y referidas a la estructura del Estado. Son ideas que lejos están de ser de mi autoría; tratan más bien de reflexiones colectivas de las cuales me siento tributario.
El movimiento mapuche muy temprano hizo un diagnóstico respecto de las causas del conflicto que nos aqueja en la región. Y entre ellas estaban tres herencias de la dictadura cívico-militar: el modelo económico extractivista que afecta a las comunidades, el modelo de Estado centralista y unitario que no reconoce pueblos originarios, y finalmente la propia Constitución de 1980, el paraguas jurídico-institucional que les da soporte.
De allí que avanzar hacia una nueva Constitución, enviando a esta última a la papelera de reciclaje de la historia, sea una tarea ineludible.
La Constitución, para quienes no lo saben, trata básicamente de dos libros: uno aborda los derechos y el otro aborda el tema del poder, de cómo se distribuye o reparte el poder. Muchos candidatos se han quedado en el primer libro, centrando sus campañas en derechos sociales como vivienda, salud, seguridad social, educación, etcétera. Pero el libro de la distribución del poder es tanto o más relevante, al punto que determina si los derechos sociales se van a garantizar o no.
Los mapuche vemos el poder como algo descentralizado; el poder se reparte, no se concentra. Múltiples jefaturas por territorios, por clanes y linajes familiares, nos caracterizan como sociedad. Ello nos obliga a una constante deliberación interna. Es un tipo de democracia directa que maravilló a los cronistas en la Colonia. Esto me hace no comulgar con una estructura estatal centralista y menos aún con el presidencialismo exacerbado. Sueño más bien con un estado federal y una democracia parlamentaria.
El movimiento mapuche muy temprano hizo un diagnóstico respecto de las causas del conflicto que nos aqueja en la región. Y entre ellas estaban tres herencias de la dictadura cívico-militar: el modelo económico, el modelo de Estado y la propia Constitución de 1980.
Pocos recuerdan que uno de los primeros proyectos de Estado en Chile fue federal, derrotado en una cruenta guerra civil. Fue cuando la élite santiaguina se impuso a Coquimbo y Concepción, sellando de paso nuestro destino. José Miguel Infante, miembro de la Junta de Gobierno de 1813, diputado del primer Congreso Nacional y ministro de Hacienda de O'Higgins, llegó a defender la idea federal basándose en el "buen gobierno de los araucanos... los primeros federalistas de Chile". Así nos llamaba.
En décadas posteriores, tanto Mañilwenu en Chile como Calfucura en Argentina establecieron alianzas con sectores políticos federalistas. Ambos toquis vieron allí la posibilidad cierta de una mejor convivencia entre ambas sociedades. Y también de resguardo para nuestra amenazada autonomía territorial. Ello los llevó a involucrarse en cuanto entrevero político afectó a las jóvenes repúblicas. Lo hizo Mañilwenu en las guerras civiles de 1851 y 1859, y Calfucura en las recurrentes disputas porteñas.
Pero la sola idea federal por cierto que no basta.
Hoy tenemos una Constitución que no reconoce, bajo ningún aspecto, a los pueblos originarios. En el principal pacto social entre los ciudadanos con el Estado, nosotros no existimos. Existimos en leyes menores como la Ley Indígena que tiene características de una ley cultural de bajo rango. Eso debe cambiar, debemos avanzar hacia el reconocimiento explícito de las naciones indígenas en el nuevo texto constitucional. Debemos avanzar hacia un Estado Plurinacional.
En América Latina, Europa, incluso en España, la “Madre Patria” de muchos chilenos, la plurinacionalidad es reconocida, ya sea de hecho o a nivel constitucional. Esto lleva aparejado el ejercicio de derechos políticos, culturales, económicos y sociales para diversas minorías nacionales, entre ellos los vascos y catalanes. Los pueblos originarios podríamos oficializar el uso y la enseñanza de nuestras lenguas, ser beneficiarios del traspaso de competencias de gobierno, administrar nuestros propios recursos, etcétera.
En verdad no es nada novedoso: existe hace medio siglo en el llamado “primer mundo” con el cual la élite chilena gusta compararse. Hacia allá debemos avanzar. Una Constitución plurinacional no resolverá en lo inmediato la conflictividad rural pero allanará el camino para que este tipo de discusiones sean posibles y mucho más llevaderas en las próximas dos o tres décadas. La Constitución de 1980, en cambio, es para ello una verdadera camisa de fuerza.